La obligación de dar alimentos viene regulada en el Código de Familia en el Capítulo I del Título III y supone su necesidad por un sujeto que lo requiere para subsistir, y la existencia de vínculos parentales consanguíneos sin límites en la línea recta y hasta el segundo grado en la colateral, o de un vínculo matrimonial entre el sujeto que los necesitare y el compelido por ley a suministrarlos. Su contenido último es económico, pues se traduce en un pago de dinero o en la alimentación en la propia casa, pero la finalidad a que se atiende es personal. Y aunque patrimonial sea el objeto de la prestación, la obligación se encuentra conexionada con el desarrollo de la personalidad y de los derechos de este tipo.

La obligación de alimentos implica la existencia de un derecho a favor del alimentista y un deber de prestación a costa del alimentante, derecho que le atribuye al alimentista un poder jurídico sobre la conducta del alimentante, que se refleja de manera típica en la facultad de exigir alimentos y en su defecto en la facultad de poner en movimiento un mecanismo coactivo, de agresión sobre los bienes para obtener una satisfacción por equivalencia. Característica notable de esta obligación, que contrasta con el sentido normal de las relaciones obligatorias es el sentido personalista,  ya que se da en atención a determinadas personas, sólo entre ellas y bajo peculiares circunstancias, sin que se transmita ni por vía inter - vivos ni mortis – causa, de acuerdo a lo que establece el artículo 135 incisos en sus incisos 1 y 2 del Código de Familia, es un derecho imprescriptible, irrenunciable   e   intransferible  a  tercero.

La obligación de dar alimentos se constituye por ley y queda determinado su contenido, por  el hecho causal directo que  la produce, que puede ser el parentesco consanguíneo o el matrimonio, según sea el caso.

Puede considerarse que la solución más ajustada a Derecho es la que prevé el Código de Familia en su artículo 56, estableciendo que el cónyuge podría interesar pensión alimenticia a su favor y aprovecharse de su estado de gestación para exigir un aumento en su cuantía, pero resulta que para ello tendría que cumplir con los requisitos que contiene el precepto enunciado dentro de los que se citan la convivencia marital por un término superior al año, o la procreación   durante el matrimonio, que debilitaría el requisito de tiempo.

Precisamente el amparo del artículo 56  del Código de Familia, algunas Salas de Justicia en Cuba han concedido pensión alimenticia a la mujer embarazada en atención a la existencia del hijo procreado, pero aun no nacido,  esgrimiendo como único extremo de interés lo  preceptuado en el inciso 1 del citado articulo, subsumiendo los dos requisitos del precepto citado, haber convivido por más de un año o procreado durante el matrimonio.

Existen otros criterios doctrinales que consideran, que la madre que podría exigir a su esposo la pensión alimenticia a favor del concebido, pensión a partir del artículo 61 del Código de Familia, criterio que se ha ido perfilando y acentuando en los diferentes Proyectos de Código de Familia cubano, considerando que  toda mujer embarazada tiene derecho a exigir alimentos al padre de la criatura durante todo el tiempo del embarazo y los tres meses siguientes al parto, sin perjuicio del derecho que asiste a éste de impugnar la paternidad conforme lo establece el nuevo Código de Familia que se discute.

En la aplicación del Derecho se debe ser lo estrictamente técnico porque ello confiere la elegancia y el virtuosismo jurídico que la profesión exige, pero la interpretación y aplicación del Derecho y las nuevas formulaciones legislativas deben ir acompasándose a las realidades que nuestra época impone, sin que con ello se abandone ese tecnicismo al que hacemos referencia.

Se resume que eestán obligados,  recíprocamente,  a darse alimentos: los cónyuges, los ascendientes y descendientes, y los hermanos.

La cuantía de los alimentos será proporcional  a la  capacidad  económica de quién los dé y a las  necesidades  de quién  los  reciba y ésta se reducirá o aumentará, según la disminución o aumento  que sufran las necesidades del alimentista y los ingresos  económicos del alimentante. El tribunal  deberá tener en cuenta  para  la adecuación  de  la cuantía, todo lo que el  alimentista  perciba susceptible de imputarse al concepto de alimentos. En  ningún caso se afectarán los recursos del obligado a  prestar alimentos  hasta  el  punto de que  no  pueda  satisfacerlos  sin desatender  sus  propias  necesidades y, en su caso,  las  de  su cónyuge e hijos menores.
     
Los  alimentos serán exigibles desde que los necesitare para subsistir la persona que tenga derecho  a percibirlos,   pero no se abonarán sino desde la fecha en que  se interponga la demanda, pero la acción para reclamar mensualidades  no percibidas de pensiones alimenticias  prescribe por el transcurso de tres meses.

Al ser un derecho personalísimo la obligación de dar alimento cesa por muerte del alimentante, por muerte del alimentista, cuando los recursos económicos del obligado  a  prestar alimentos se hubieren reducido hasta el punto de no poder satisfacerlo  sin desatender sus propias necesidades, y, en su caso, las de su cónyuge e hijos menores y  de  los mayores de edad incapacitados a su abrigo, cuando el alimentista arribare a la edad laboral y  no estuviese  incapacitado  ni  incorporado a institución nacional de enseñanza que  le impida   dedicarse regularmente al trabajo remunerado, cuando  cese la causa que hizo exigible la obligación de suministrar alimentos.