De las Relaciones entre padres e hijos – Texto aclaratorio

El Derecho de Familia en Cuba, a partir de 1975 separó sus normas sustantivas del Código Civil con la promulgación del Código de Familia, pero no tuvo su correlato en el ámbito judicial, ni procesal, hasta que se crearon las actuales Salas de Familia, que radican a nivel municipal y se promulgo la Instrucción 216 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, norma de Procedimiento especial para tramitar los litigios que se suscitan en temas de Familia y que extendió a todo el país los cambios ya implementados por la Instrucción 187, que rigió de carácter temporal y a modo experimental.

Actualmente existe un sistema especializado para el conocimiento y resolución de los conflictos familiares que siguen por el procedimiento y la jurisdicción civil concebida por el legislador para asuntos de Derecho de Familia.

La discusión teórica y práctica de la creación de Tribunales de familia en Cuba generó durante años un profundo trabajo de investigación de los operadores del Derecho en Cuba, que plantearon de forma sostenida la necesidad de reformar la jurisdicción civil cubana especialmente para el conocimiento y solución de los conflictos paternos filiales.

Para garantizar y consolidar la convivencia familiar y resolver con mayor equidad y eficacia los conflictos familiares no es suficiente el perfeccionamiento de la norma sustantiva, se necesita también de normas especiales de procedimiento regidas por el moderno enjuiciamiento que se fundamenta en los principios de inmediación, celeridad, actuación de oficio, preclusión relativa, concentración, oralidad y amplitud de medios probatorios. El esquema del procedimiento civil de aplicación no propiciaba la observación de estos principios con el consecuente perjuicio a la solución efectiva de esos litigios.

En el ámbito jurídico cubano estas distintas opiniones convocaron a la creación de un fuero especializado, todas motivadas por el sentido personal y humano que reflejan los conflictos familiares que exigen el establecimiento de una justicia de familia más eficaz en correspondencia con el derecho sustantivo, creando finalmente una jurisdicción especial en Cuba. Creándose Salas de Familias adscriptas a los Tribunales Municipales y  apoyados por especialistas interdisciplinarios.

La Ley 82/1997, de 11 de julio, de los Tribunales Populares concibe la creación de salas especializadas en asuntos que así lo requieran en el Tribunal Supremo Popular y en los Tribunales Provinciales Populares y faculta al Consejo de Gobierno del Supremo para la creación de más de un tribunal municipal y secciones especiales dentro de la demarcación territorial de cada municipio, esto permitió la estructuración de Salas de Familia para asuntos exclusivos de familia.

La idea de establecer reglas de procedimiento especiales para la solución judicial de los asuntos de familia y la creación de Tribunales de familia estaba concebida en la tarea No. 63 del Plan de Acción Nacional de 5 de mayo de 1997, acorde con los planteamientos de la IV Conferencia de la ONU sobre la mujer celebrada en Beijing en 1995, y hoy es una realidad legislativa en Cuba.

Actualmente se aplica un mismo régimen jurídico para resolver los conflictos sobre hijos menores en cualquiera de las situaciones legales en que se encuentren sus progenitores, teniendo como principio rector el interés del menor, y flexibiliza la aplicación del procedimiento, mejorando la intervención judicial en estos casos con la finalidad de atenuar el tratamiento diferenciado que en la vía judicial se daba a los hijos menores según la situación jurídica de sus progenitores, concentrando en estas Salas la diversidad de procedimientos aplicables a la determinación de la situación jurídica de los hijos menores sujetos a la patria potestad y especializar la jurisdicción de familia.

Con la introducción de estas Normas de Procedimiento Familiar, se intenta  implantar, aunque no siempre se logre, juicios rápidos de Familia, entre los que se encuentran los procesos consensuales de separación, divorcio, custodia,  alimentos de los hijos menores matrimoniales o no y de modificación de medidas provisionales y la aplicación de medidas cautelares o previas y coetáneas a la demanda; intentando una justicia de familia mas eficaz y razonable en el tiempo, que encuentre una respuesta judicial mas efectiva a una crisis familiar, evitando riesgos para los hijos menores, tanto medie un acuerdo entre los cónyuges o progenitores, como con posiciones enfrentadas.
Ante el desacuerdo de los progenitores sobre al ejercicio de la patria potestad el ordenamiento civil cubano tiene previstas disímiles vías de solución judicial del conflicto, según la situación jurídica en que ellos pudieran encontrarse. Existen distintos procedimientos para determinar sobre el ejercicio de la patria potestad como la atribución de la guarda y cuidado y la fijación del régimen de comunicación o visitas. Las vías de solución judicial establecidas por la ley son distintas según se trate de hijos matrimoniales o no.
El Código de Familia vigente reconoce la titularidad y ejercicio conjunto de la patria potestad al padre y la madre e impone al Tribunal la obligación de establecer como regla que ambos padres conservarán la patria potestad sobre sus hijos menores en tanto la intención del legislador se orienta a la participación activa de los dos progenitores en la asistencia y dirección de la vida de sus hijos menores de edad y por eso los responsabiliza por igual.

Cuando los progenitores cumplen debidamente los deberes de la patria potestad no se necesita acudir a los órganos de justicia para reclamar tutela para su ejercicio, los conflictos sobre el ejercicio de la patria potestad surge ante el incumplimiento, el que puede trascender a la pérdida de la patria potestad o a la suspensión del ejercicio por causas graves.

El artículo 93 del Código de Familia establece que ambos padres o uno de ellos, perderán la patria potestad sobre sus hijos por sentencia firme dictada en proceso penal que disponga este fallo, o  cuando se atribuya a uno de ellos o se prive a ambos de la patria potestad por sentencia firme dictada en proceso de divorcio o de nulidad de matrimonio, actualmente se atribuirá también por divorcio notarial mediante Escritura Pública.

La determinación del ejercicio de la patria potestad podrá resolverse por diferentes vías, según la situación jurídica de los padres e igualmente la determinación de la  guarda y cuidado de los hijos menores y el régimen de comunicación con estos. Existen distintas vías por las que puede suspenderse el ejercicio de la patria potestad o privarse de su titularidad en la jurisdicción civil lo que puede disponerse mediante el procedimiento ordinario y también se puede privar la patria potestad en sentencia de divorcio.

El procedimiento ordinario será el cauce para sustanciar la suspensión o privación de la patria potestad que no es posible en ningún caso asimilarla a los trámites sumarios o de los incidentes, que conocen las actuales Salas de Familia. La legitimación esta reservada a uno de los padres o al Fiscal por el articulo 6 y 223.2 de la Ley de Procedimiento Civil cubana. Para la suspensión por incapacidad o ausencia será requisito previo obtener la declaración de incapacidad mediante expediente de jurisdicción voluntaria.

Al ser suspendido o privado uno de los padres del ejercicio de la patria potestad a través de la vía señalada corresponderá al otro progenitor la guarda y cuidado de los hijos menores de edad lo que será resuelto en la sentencia que ponga fin a uno de esos procedimientos incluido el régimen de comunicación que corresponda.

En el proceso de divorcio existen dos procedimientos especiales a considerar para la determinación de las cuestiones relativas a las relaciones paterno-filiales que son las siguientes: El procedimiento especial de divorcio por mutuo acuerdo y el procedimiento especial de divorcio por justa causa con dos variantes; una para caso de allanamiento y otra para los procesos  contenciosos.

De acuerdo con el precepto señalado la sentencia de divorcio por justa causa podrá deferir la patria potestad a favor de aquel progenitor que a juicio del Tribunal debe ejercerla cuando así lo exija el interés de los hijos menores consignando las razones por las cuales priva de ella al otro.

El Código de Familia autoriza la privación de la patria potestad en el divorcio, aunque en la practica judicial no ocurre, cuando la sentencia de divorcio no ha dispuesto la privación de la patria potestad a uno o a ambos cónyuges sólo procederá solicitar ésta por las reglas del procedimiento ordinario ya mencionado.

La sentencia de divorcio podrá privar a ambos padres de la patria potestad cuando esto sea necesario en interés de los hijos menores, en cuyo supuesto se constituirá a los hijos en tutela.

El procedimiento de divorcio por mutuo acuerdo que fue modificado por el Decreto-Ley 154 de 19 de septiembre de 1994, que establece el divorcio notarial a partir del cual constituye un requisito de admisibilidad el haber intentado primero el divorcio por mutuo acuerdo ante Notario, pues sólo se puede acudir a la vía judicial de no ser posible la solución notarial.

El procedimiento de divorcio por mutuo acuerdo exige que los cónyuges presenten escrito firmado mediante el cual solicitarán la disolución del matrimonio y los acuerdos a que hayan arribado respecto a la patria potestad, guarda y cuidado de los hijos menores y pensión alimenticia que corresponda. Se dispone una comparecencia, a la cual deben asistir ambos cónyuges ante el Tribunal con la finalidad de ratificar su propósito de disolver el matrimonio en cuyo caso se dicta sentencia decretando la disolución matrimonial con los pronunciamientos que correspondan respecto a los hijos menores de edad.

La sentencia de divorcio por mutuo acuerdo en todo caso adoptará las medidas respecto a los hijos menores con aplicación sustantiva de las disposiciones contenidas para el divorcio en los artículos del 57 al 62 del Código de Familia, preceptos que obligan al Tribunal a sujetar la aprobación de la propuesta de los cónyuges al beneficio de los menores, en este procedimiento consensual por vía judicial no quedará determinada la situación jurídica de los hijos hasta la aprobación de los acuerdos de los cónyuges por sentencia.

Mediante el procedimiento especial del divorcio por justa causa el actor formula la demanda con la propuesta por otrosí de las medidas provisionales que hayan de adoptarse en relación con la guarda y cuidado de los hijos menores y pensión alimenticia para éstos y el otro cónyuge en su caso, donde la situación de los hijos habidos en el matrimonio queda estipulado mediante las medidas provisionales que se acuerden por el Tribunal en virtud de los articulo 62 del Código de Familia y artículos 382, 385 y 386 de la Ley de Procedimiento Civil Administrativo Laboral y Económico.

En cualquier otra situación jurídica de los padres no se prevé ni en el Código de Familia ni en el procedimiento civil, la adopción de medidas provisionales, en su defecto ha de estarse a las resultas de la sentencia definitiva lo que perjudica el interés de los menores; además, no se ejecutan las decisiones sobre la guarda y cuidado y régimen de comunicación hasta que alcanza firmeza la sentencia lo que se dilata en el tiempo, porque contra ella procede recurso de apelación y contra la sentencia de segunda instancia recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular.

Una vez contestada la demanda de divorcio por justa causa el Tribunal aprueba por auto lo relativo a la guarda y cuidado, régimen de comunicación y pensión alimenticia de los hijos habidos del matrimonio si hubiere conformidad de las partes, lo que generalmente sucede y se formaliza mediante escrito de allanamiento del demandado a las pretensiones del actor por el articulo 384 de la Ley de tramites, si no se solicita un determinado régimen de comunicación, no será necesario fijar la periodicidad de las visitas, pues en este supuesto se estima procedente el reconocimiento de un régimen amplio de comunicación para el cumplimiento de la relación paterno-filial.

En caso de rebeldía, discrepancia o reconvención del demandado, el Tribunal señalará comparecencia a fin de tratar sobre los extremos de la disparidad. En todo caso resolverá siempre por lo que resulte más beneficioso para los menores con facultad para disponer de oficio la práctica de cualquier diligencia de prueba que estime indispensable para acordar el auto de medidas provisionales que será de ejecución inmediata, contra este auto que acuerda las medidas provisionales sobre la situación jurídica de los hijos menores se podrá interponer recurso de súplica lo que no impedirá el cumplimiento de lo dispuesto a las resultas de dicho recurso. El auto señalado tiene como finalidad garantizar la situación jurídica de los hijos menores durante la sustanciación del divorcio, pues la sentencia definitiva puede ser recurrida en apelación y luego en casación interpuesta contra la sentencia de segunda instancia.

Las medidas provisionales que resuelven de manera despejada la situación de los hijos menores cuyos padres están incursos en el divorcio se encuentran establecidas en el artículo 62 del Código de Familia y tienen su correlato procesal. Las medidas provisionales serán definitivas una vez dictada la sentencia de divorcio, en la que queda determinado a cuál de los progenitores corresponde la guarda y cuidado de los hijos menores habidos en el matrimonio, así como la pensión alimenticia y el régimen para que dichos menores mantengan adecuada comunicación con el padre no guardador siguiendo como principio el beneficio de aquellos.

En cualquiera de las posiciones que asuma el demandado, sea rebeldía, allanamiento, oposición o reconvención a la demanda de divorcio, el Tribunal abrirá el proceso a prueba cuando los hechos articulados requieran posterior demostración, salvo que en su caso ambas partes hayan solicitado que se falle definitivamente sin necesidad de prueba.

El allanamiento a las medidas provisionales, que entrañan la cesión de la titularidad y el ejercicio de la patria potestad será desestimado por ser éste un derecho y un deber de los progenitores de carácter no renunciable,  en beneficio siempre de los hijos menores de edad. El acuerdo de los progenitores será aprobado en la sentencia de divorcio en relación con la atribución de la guarda y cuidado, régimen de comunicación, pensión alimenticia de los hijos y la vivienda común de los cónyuges siempre que sea en beneficio de los menores.  En cuanto a la modificación de las medidas definitivas dispuestas respecto a la guarda y cuidado y comunicación de los hijos menores en sentencia judicial será tramitada por el cauce del procedimiento incidental, que se sustanciara dentro del Proceso principal, siempre que se hayan modificado las circunstancias que dieron origen a las adoptadas originalmente.

Además del proceso de divorcio con allanamiento o acuerdo y del proceso de divorcio contencioso analizados en lo referente a determinar sobre la guarda y cuidado y el régimen de comunicación de los hijos sujetos a la patria potestad se utilizan también las reglas del proceso de conocimiento y otros procesos especiales según la situación jurídica de los progenitores y de la naturaleza de la cuestión en debate.

En nuestra concepción del divorcio no existen causales; por tanto, no tenemos cónyuge culpable; basta que el Tribunal compruebe que existen razones que hayan creado una situación objetiva de las que resulte que el matrimonio ha perdido el sentido para los esposos y para los hijos y con ello también para la sociedad para declarar la disolución del vínculo matrimonial previo cumplimiento de los trámites de rigor. Por consiguiente, el hecho de la separación conyugal justifica tal exigencia y hace viable el divorcio por justa causa a solicitud de cualquiera de los cónyuges lo que deberá acreditarse oportunamente.

Aunque exista la separación conyugal que constituye una situación objetiva para el divorcio, los cónyuges pueden mantenerse casados pero en desacuerdo respecto al ejercicio de la patria potestad. En ese caso, sólo podrán acudir a la vía judicial mediante los procedimientos aplicables para determinar sobre hijos no matrimoniales y utilizar vías distintas como las previstas para el procedimiento ordinario, sumario o especial, según la naturaleza de la pretensión deducida, pero aplicando las reglas que establece la Instrucción 216 mencionada.

No existe la posibilidad de homologación judicial de los acuerdos de los progenitores respecto a la situación de sus hijos menores de edad, ya que sólo es posible la aprobación de los acuerdos en los procesos de divorcio consensual. Esta dificultad está presente en el supuesto de que ambos progenitores de común acuerdo se interesen por modificar las medidas anteriores adoptadas en sentencia firme respecto a los hijos, en cuyo supuesto deben acudir al trámite de los incidentes.

Aunque el Código de Familia reconoce que la existencia de la unión matrimonial entre un hombre y una mujer con aptitud legal para contraerla y que reúna los requisitos de singularidad y estabilidad surte todos los efectos propios del matrimonio formalizado legalmente cuando fuere reconocida por Tribunal competente o fuere formalizado con carácter retroactivo por funcionario facultado e incluso reconoce la unión matrimonial putativa con todos los efectos a favor de la persona que hubiere actuado de buena fe y de los hijos habidos de la unión, no ofrece la posibilidad de adoptar medidas provisionales para la atribución de la guarda y cuidado de los hijos menores de edad cuyos progenitores se encuentran en una de estas situaciones, pues únicamente se prevé para el divorcio.

La solicitud de reconocimiento de matrimonio no formalizado que se tramita mediante el proceso ordinario ante el Tribunal Municipal Popular correspondiente que resuelve en el trámite de ejecución de sentencia los efectos económicos del matrimonio. La situación jurídica de los hijos habidos durante el matrimonio no formalizado se resuelve aparte por el procedimiento sumario.

Igualmente respecto a la determinación del ejercicio de la patria potestad de los hijos habidos fuera de matrimonio en caso de desacuerdo de los progenitores  tendrán que acudir al proceso de conocimiento, sea por las reglas del procedimiento ordinario sobre privación o suspensión de la patria potestad o del sumario sobre guarda y cuidado y régimen de comunicación según la naturaleza de la cuestión sometida a juicio del Tribunal competente.

Las características de los procesos aplicables a la determinación de la situación jurídica de los hijos menores sujetos a la patria potestad difieren sustancialmente en dependencia de las circunstancias en que se encuentran sus padres.

Cuando los padres demandan el divorcio se observan las características siguientes: los cónyuges pueden adoptar acuerdos sobre la situación de los hijos siempre que no perjudiquen los intereses de los menores, lo que será valorado por el Tribunal mediante auto o sentencia según la situación procesal,  el proceso de divorcio tiene en cuenta la especialidad requerida para el conocimiento del conflicto familiar, el trámite es sencillo y rápido y resuelve todos los aspectos de la situación jurídica de los hijos menores de edad, se establecen medidas provisionales para solucionar la situación de los hijos menores mientras se sustancia el proceso, los recursos no interrumpen la ejecución del auto de medidas provisionales o en su caso de la sentencia definitiva que regula la situación jurídica de los hijos.

En los procesos para la determinación de la situación de los hijos matrimoniales de padres casados pero separados de hecho, de nulidad de matrimonio, de unión matrimonial no formalizada, y de relaciones no matrimoniales, se aprecian las características siguientes: los acuerdos sobre la situación de los hijos no necesariamente debe ser puesta en conocimiento del tribunal,  no existen procedimientos previstos con la especialidad que requiere el conflicto familiar, no están previstas las medidas provisionales para la solución temporal de la situación de los hijos hasta la sentencia firme, no se resuelve de forma unitaria todos los aspectos relacionados con la situación jurídica de los hijos, los recursos suspenden la ejecución de lo resuelto por la sentencia definitiva.