TRIBUNAL SUPREMO POPULAR. INSTRUCCIÓN No. 216/2012

M. Sc. CARIDAD M. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SE-CRETARIA DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR

CERTIFICO: Que el Consejo de Gobierno de este tribunal, en sesión ordinaria celebrada el diecisiete de mayo de dos mil doce, aprobó la instrucción que es del tenor siguiente:

POR CUANTO: En atención a la importancia que la Constitución confiere a la protección integral de la familia, con manifiesta expresión en los postulados del Código de Familia, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en sesión ordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2007, aprobó la Instrucción No. 187, contentiva de precisiones y adecuaciones procesales, acerca de determinados aspectos de la práctica judicial en los procesos vinculados al Derecho de Familia, entre las que destacan las amplias posibilidades de interacción de los tribunales con las partes, mecanismos que se corresponden con las actuales tendencias del Derecho Procesal, y con los compromisos contraídos por la nación al ratificar en 1991 la Convención Internacional de los Derechos del Niño y los que por similar razón derivaron en el Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing, a fin de garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos y garantías de los destinatarios de la gestión judicial.

POR CUANTO: No obstante los satisfactorios resultados obtenidos hasta el presente, en la aplicación de la referida Instrucción que demuestran lo oportuno y valioso de su implementación en la evolución cualitativa de la labor judicial en esta materia; la experiencia acumulada en el tiempo de su vigencia y los fructíferos aportes emanados de los talleres de procedimiento familiar, celebrados recientemente en todas las provincias y a nivel nacional con participación de jueces, fiscales y abogados, junto a representantes de instituciones y entidades interesados, evidencian la necesidad de incorporar al contenido de la mencionada disposición normativa nuevos aspectos regulatorios que propicien su actualización y perfeccionamiento.

POR CUANTO: Entre los aspectos que resulta necesario puntualizar o incorporar se encuentran los referidos al modo de proceder respecto a la comparecencia a que se contrae el artículo 42 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico; el momento en que procede el llamamiento al proceso de terceros con interés legítimo; el modo de proceder para la escucha del menor; la participación del Ministerio Fiscal en estos procesos; las previsiones que deben atenderse para la constitución y el funcionamiento en cada territorio del equipo multidisciplinario; la necesidad de mecanismos que aseguren el ulterior cumplimiento de las obligaciones declaradas por resolución firme, mediante un sistema cautelar propio que incluya la actuación oficiosa de los tribunales y la solicitud a instancia de las partes involucradas, además de la posibilidad de adopción de tutelas urgentes, dada la connotación de los intereses que se protegen; y específicas previsiones para el caso de la ejecución forzosa de lo decidido en firme, para lo cual se debe partir de una visión integradora y armónica del ordenamiento vigente.

POR TANTO: En uso de las facultades que le están conferidas, a tenor de lo preceptuado en el artículo diecinueve, apartado primero, inciso h), de la Ley No. 82, “De los Tribunales Populares”, de 11 de julio de 1997, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular procede a aprobar la siguiente:

INSTRUCCIÓN  No. 216

PRIMERO: En los procesos vinculados al Derecho de Familia, los tribunales cuidarán en todo momento la observancia de los principios integradores de inmediación, concentración, oralidad, igualdad de las partes, amplias facultades del órgano judicial tanto en la práctica de las pruebas como en la dirección del proceso, impulso procesal de oficio y protección cautelar.

SEGUNDO: En cualquier proceso que involucre a niños, niñas y adolescentes, los tribunales tendrán en cuenta el interés superior de los menores frente a otros intereses igualmente legítimos; para ello, ponderarán los intereses sociales e individuales, y velarán por el necesario equilibrio entre los derechos y garantías de los infantes y sus deberes.

TERCERO: Cuando se trate de procesos en los que se litiguen cuestiones relacionadas con menores por la aplicación del Código de Familia, el tribunal comunicará al fiscal la promoción del proceso con entrega de copia de la demanda para que pueda personarse conforme prevé el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico y, en el proceso especial de divorcio por justa causa, la referida notificación se hará una vez que se ponga de manifiesto en actuaciones el conflicto en torno a las medidas provisionales.

CUARTO:  En los procesos vinculados al Derecho de Familia, el tribunal convocará a los interesados a una comparecencia, agotando las posibilidades que ofrece el artículo 42 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, que señalará después de fase de alegaciones y previo a la apertura a pruebas, y sus reglas serán también aplicables, y complementarán las que dicho cuerpo legal regula para los procesos de divorcio por justa causa, alimentos, incidentes y jurisdicción voluntaria. Esta comparecencia tendrá, entre sus finalidades: sanear el proceso, fijar los términos del debate y, en los asuntos en que resulte pertinente por su naturaleza disponible, fomentar el diálogo constructivo mediante la actividad conciliatoria y lograr acuerdos que armonicen los intereses familiares, caso en que invitará a participar a los abuelos y otros familiares que tengan estrecha cercanía a lo controvertido y, con carácter excepcional, a otras personas por similar razón.

QUINTO: Cuando el tribunal advierta del resultado de la comparecencia que es imprescindible, para la adecuada solución del conflicto, la participación de los abuelos y familiares que tengan estrecha cercanía a lo controvertido, les dispensará en lo sucesivo el tratamiento procesal previsto para los terceros.

SEXTO: De alcanzarse acuerdo en la comparecencia, el tribunal dictará auto aprobándolo; en los procesos ordinarios, de no lograrse acuerdo, en el propio acto de la comparecencia, abrirá el proceso a prueba y, en los procesos sumarios e incidentes, se pronunciará sobre la admisión de las pruebas oportunamente propuestas y, siempre que sea posible, se procederá a su práctica.
 
SÉPTIMO: En caso necesario, el tribunal escuchará al menor que esté en condiciones de formarse un juicio propio, y tendrá en cuenta su opinión en función de su capacidad progresiva; dicho acto se desarrollará en ambiente propicio y con absoluta privacidad, utilizando preferentemente como sede la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia de la Federación de Mujeres Cubanas del territorio u otro lugar con condiciones apropiadas para el acto que se realiza.
 
OCTAVO: En cualquier estado del proceso en que el tribunal requiera criterios profesionales especializados diversos, se auxiliará de un equipo multidisciplinario integrado por especialistas y expertos en las disciplinas que resulten procedentes, convocando a sus integrantes en el número   que acuerde y según las especialidades que demande la complejidad del asunto, con el fin de obtener elementos que tributen a una mejor decisión del conflicto.

NOVENO: Con vistas a la naturaleza del bien jurídico que se protegerá, el tribunal adoptará medidas cautelares de oficio o a solicitud de las partes, a los efectos de: asegurar de manera eficaz el ulterior cumplimiento de las obligaciones decretadas por resolución firme, restablecer la equidad procesal o cuando aprecie que existen circunstancias que las hagan aconsejable; para lo que aplicará, en lo pertinente, además de las normas que regulan el embargo de bienes y las medidas provisionales, las disposiciones contenidas en los artículos 40 y del 799 al 810 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico. En estos su-puestos, las podrá disponer de forma directa, y posteriormente, oirá a las partes, conforme a lo previsto en el artículo 805 de la propia norma, tras lo cual dictará auto que las ratifique, modifique o deje sin efecto.

DÉCIMO: Además de las previstas en los artículos 460 y 803 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, en concordancia con la especial naturaleza de la materia familiar, el tribunal podrá adoptar, de oficio o instancia de las partes, las siguientes medidas cautelares:
 
1. Restitución de la custodia del niño, niña o adolescente, en caso de retención indebida.

2. Prohibición o autorización del cambio de la residencia del niño, niña o adolescente.

3. Asignación de la custodia provisional del niño, niña o adolescente, a uno de los padres, a abuelos y, excepcionalmente, a otras personas mientras dure el proceso.

4. Permanencia del niño, niña o adolescente en el hogar en que habitualmente reside, aunque este no sea el de los padres.

5. Asistencia obligatoria a programas educativos o terapéuticos, tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de niñas, niños o adolescentes o de alguno de sus padres y otras personas.

6. Prohibición de visitar el hogar familiar y lugares de trabajo o estudio u otros similares que frecuente algún miembro del grupo familiar, para evitar una conducta que genere perjuicio físico o psíquico a cualquier miembro de la familia.

7. Prohibición de la disposición de bienes y la obligación de restituirlos.

8. Inventario y prohibición de la disposición de los bienes comunes, incluyendo la congelación de cuentas bancarias, y la anotación preventiva de la demanda en el registro en que figuren inscritos dichos bienes, antes y durante el proceso de divorcio, dirigido a asegurar la liquidación de la comunidad matrimonial de bienes.

9. Permanencia de los bienes domésticos imprescindibles para la educación y bienestar de los hijos comunes menores de edad, en el hogar donde estos residan después de la separación de los padres, antes y durante la tramitación del proceso de divorcio y de reconocimiento judicial de unión matrimonial no formalizada, efectos que podrán extenderse hasta la liquidación de la comunidad matrimonial de bienes.

En los supuestos de las medidas relacionadas en los apartados 8 y 9, el tribunal, en el propio auto que las acuerde, instruirá a las partes de que sus efectos solo se extenderán por 30 días, contados a partir de la firmeza de la resolución que pone fin al proceso principal, de no interponerse en el referido plazo el incidente.

UNDÉCIMO: En correspondencia con la urgencia que debe primar en la tutela de los asuntos familiares, en el caso en que se solicitaran indistintamente, antes de interponer la demanda, actos preparatorios o medidas cautelares dirigidas a asegurar medios probatorios, el tribunal accederá a tramitarlos, siempre que cumplan los presupuestos previstos en Ley para cada uno de ellos.
 
DUODÉCIMO: En la tramitación de los procesos sumarios de alimentos, el tribunal prescindirá de la solicitud de la certificación acreditativa del nacimiento de los destinatarios de ese derecho y, en su lugar, teniendo a la vista la tarjeta del menor o el carné de identidad, consignará en el acta-demanda: el número de identidad, tomo, folio y Registro del Estado Civil donde consta la inscripción, datos filia-torios y fecha de nacimiento. Se reitera la indicación del Consejo de Gobierno de fijar la pensión provisional en todos estos procesos, exigible mediante el embargo de salario, el que se mantendrá, una vez dictada la sentencia, ajustándose a la cuantía dispuesta.

DECIMOTERCERO: Cuando resulte necesario, el tribunal examinará de oficio y para mejor proveer, en calidad de testigos, a los representantes de las organizaciones de masas en la comunidad, maestros vinculados a la educación del menor y funcionarios dedicados a la atención a menores, y dispondrá el examen de los expedientes conformados por otros organismos e instituciones en relación con el asunto objeto del debate.

DECIMOCUARTO: El tribunal actuante adoptará las medidas necesarias con el objetivo de alcanzar la efectiva ejecución de las resoluciones recaídas en procesos de naturaleza familiar,  incluidas las  contentivas  de protección cautelar; a dichos efectos, se auxiliará de los integrantes del equipo multidisciplinario y, como último recurso, interesará la intervención de agentes del orden público, en conjunción con otras acciones, para evitar efectos traumatizantes a los intervinientes, en particular los niños, niñas y adolescentes.
 
DECIMOQUINTO: Asimismo, en los casos en que la parte demandada en el proceso de divorcio por justa causa esté constituida y declarada en rebeldía, el tribunal le notificará el auto de medidas provisionales, cuya diligencia ha de practicarse en el domicilio.

DECIMOSEXTO: El tribunal, ante circunstancias excepcionales, podrá aplazar o graduar la ejecución de las disposiciones de la sentencia, siempre en beneficio del niño, niña o adolescente y con carácter temporal, excepto en materia de alimentos. No será necesaria la tramitación de incidente cuando, al momento de la ejecución, se susciten circunstancias que conlleven a renuncias parciales o totales de derechos reconocidos en la sentencia a favor de una de las partes.

DECIMOSÉPTIMO: Como elemento que contribuye a la consecuente aplicación de las normas antes referidas, se mantendrá coordinación al respecto con la Junta Nacional de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, la Fiscalía General de la República y la Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, para imponerlas de su contenido, y solicitarles la necesaria cooperación que, para su efectividad, deben prestar.
 
DECIMOCTAVO: Como complemento a la presente instrucción, se aprueban las reglas que se anexan en documentos titulados: “Metodología para la comparecencia que se convoca a tenor del artículo 42 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico”, “Reglas mínimas para la escucha de los menores de edad”, “Reglas para la constitución y funcionamiento del Equipo multidisciplinario en el procedimiento de familia, con la proforma de dictamen”.
 
DECIMONOVENO: Queda sin efecto la Instrucción No. 187, de 20 de diciembre de 2007, aprobada por este Consejo de Gobierno.

VIGÉSIMO: Comuníquese esta instrucción a los vice-presidentes, y los presidentes de salas del Tribunal Supremo Popular, a los presidentes de los tribunales provinciales populares y, por su conducto, a los presidentes de las respectivas salas de lo civil y jueces en general, la Ministra de Justicia, el Fiscal General de la República, el Presidente de la Junta Nacional de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, la Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, para su conocimiento y efectos, y publíquese en la Gaceta Oficial de la República, para general conocimiento.