LEY No. 7 - LEY DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ADMINISTRATIVO, LABORAL Y ECONÓMICO

LEY No. 7 LEY DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ADMINISTRATIVO, LABORAL Y ECONÓMICO

  • PRÓLOGO

PRIMERA PARTE. DEL PROCEDIMIENTO CIVIL

LIBRO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I. DE LA JURIDICCION Y COMPETENCIA

CAPITULO I. De la jurisdicción
CAPITULO II. De la competencia
CAPITULO III. De los conflictos de atribuciones entre las autoridades judiciales y administrativas
CAPITULO IV. De las cuestiones de competencia entre tribunales
CAPITULO V. Del repartimiento de asuntos
CAPITULO VI. De las facultades de los tribunales
CAPITULO VII. De la intervención de la fiscalía
CAPITULO VIII. De la recusación y excusa de los jueces y secretarios
CAPITULO IX. De la responsabilidad civil de los jueces, de los fiscales y de los secretarios

TITULO II. DE LAS PARTES, DE SUS REPRESENTANTES Y DEFENSORES

CAPITULO I. De la capacidad procesal
CAPITULO II. De la representación y dirección de las partes en el proceso
CAPITULO III. De las acumulaciones
SECCION PRIMERA. De la Acumulación de Pretensiones
SECCION SEGUNDA. De la Acumulación de Procesos
CAPITULO IV. De la intervención de terceros

TITULO III. DE LOS ACTOS PROCESALES

CAPITULO I. De los días y horas hábiles
CAPITULO II. De los términos procesales
CAPITULO III. De los escritos de las partes y demás interesados
CAPITULO IV. De las audiencias
CAPITULO V. De los ponentes y de la votación y fallo de los asuntos judiciales
SECCION PRIMERA. De los Ponentes. SECCION SEGUNDA. De la Votación y Fallo
SECCION TERCERA. Del Modo de Dirimir las Discordias
CAPITULO VI. De las resoluciones judiciales
CAPITULO VII
De las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos
CAPITULO VIII. Del auxilio judicial
CAPITULO IX. De las nulidades
CAPITULO X. De las correcciones disciplinarias en que incurran los peritos y testigos, las partes o sus representantes, así como cualquier
CAPITULO XI. De la preclusión
CAPITULO XII. De las costas procesales
CAPITULO XIII. De los expedientes del proceso

LIBRO SEGUNDO. DEL PROCESO DE CONOCIMIENTO

TITULO I. DE LOS ACTOS PREPARATORIOS

TITULO II. DEL PROCESO ORDINARIO

CAPITULO I. De la demanda y de la contestación
CAPITULO II. De la prueba
SECCION PRIMERA. Disposiciones Generales
SECCION SEGUNDA. De los Medios de Prueba
SECCION TERCERA. Dela Confesión Judicial
SECCION CUARTA. De los Documentos y Libros
SECCION QUINTA. Del Dictamen de Peritos
SECCION SEXTA. Del reconocimiento Judicial y de las Reproducciones
SECCION SEPTIMA. De la Prueba de Testigos
SECCION OCTAVA. De las Presunciones
CAPITULO III. De la instrucción, vista y sentencia

TITULO III. DEL PROCESO SUMARIO

CAPITULO I. Del proceso sumario en general
CAPITULO II. Del proceso sumario en los casos de alimentos
TITULO IV. DE LOS PROCESOS ESPECIALES
CAPITULO I. Del proceso de divorcio
SECCION PRIMERA. Disposiciones Generales
SECCION SEGUNDA. Del Divorcio por Mutuo Acuerdo
SECCION TERCERA Del Divorcio por Justa Causa
CAPITULO II. Del proceso de amparo
SECCION PRIMERA. Del Amparo en Actuaciones Judiciales
SECCION SEGUNDA. Del Amparo en la Posesión contra Actos Provenientes de Particulares o de Autoridades u Órganos Administrativos.
SECCION TERCERA. De la Suspensión de Obra Nueva
CAPITULO III. Del proceso de expropiación forzosa

TITULO V. DEL PROCESO EN REBELDIA

CAPITULO I. De la declaración de rebeldía
CAPITULO II. De la audiencia en rebeldía
TITULO VI. DE LOS INCIDENTES
TITULO VII. DEL EMBARGO DE BIENES

LIBRO TERCERO. DEL PROCESO DE EJECUCION

TITULO I. DE LAS SENTENCIAS Y TRANSACCIONES JUDICIALES
TITULO II. DE LOS TITULOS DE CREDITOS QUE GENERAN EJECUCION
TITULO III. DE LA VIA DE APREMIO
TITULO IV. DE LAS TERCERIAS

LIBRO CUARTO. DEL PROCESO SUCESORIO

TITULO I. DE LAS DILIGENCIAS PREVENTIVAS
TITULO II. DE LA DECLARACION DE HEREDEROS
TITULO III. DEL GESTOR-DEPOSITARIO
TITULO IV. DE LAS OPERACIONES DIVISORIAS DEL CAUDAL HEREDITARIO
TITULO V. DEL PROCESO DE TESTAMENTARIA

LIBRO QUINTO. DE LA JURISDICCION VOLUNTARIA

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
TITULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
CAPITULO I. Del expediente de incapacidad
CAPITULO II. De la administración de bienes de ausentes
CAPITULO III. Del expediente de consignación
CAPITULO IV. De las informaciones para perpetua memoria

LIBRO SEXTO. DE LOS RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
TITULO III. DEL RECURSO DE APELACION
TITULO IV. DEL RECURSO DE CASACION

LIBRO SEPTIMO. DEL PROCESO DE REVISION

LIBRO OCTAVO. DE LA EXTINCION DEL PROCESO

SEGUNDA PARTE. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

TITULO I. DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA
CAPITULO. De la jurisdicción
CAPITULO II. De la competencia
TITULO II. DE LA LEGITIMACION
TITULO III. DE LOS ACTOS IMPUGNABLES
TITULO IV. DEL PROCEDIMIENTO
CAPITULO I. De la demanda, emplazamiento y contestación
CAPITULO II. De la prueba
CAPITULO III. De la sentencia
TITULO V. DE LA SUSPENSION DEL ACTO OBJETO DEL PROCESO

TERCERA PARTE. DEL PROCEDIMIENTO LABORAL

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
TITULO II. DE LA COMPETENCIA
TITULO III. DEL PROCESO COMUN
CAPITULO. De la demanda
CAPITULO II. De la comparecencia
CAPITULO III. De la sentencia
TITULO IV. DEL RECURSO DE APELACION
TITULO V. DEL PROCESO DE SEGURIDAD SOCIAL
TITULO VI. DEL PROCEDIMIENTO DE REVISION

CUARTA PARTE. DEL PROCEDIMIENTO DE LO ECONOMICO

CAPITULO I. De la jurisdicción y competencia
CAPITULO II. De las partes y su representación de las costas procesales de la demanda y contestación
CAPITULO V. De la audiencia preliminar y la conciliación de la práctica de pruebas
CAPITULO VII. De la comparecencia
CAPITULO VIII. De los recursos de súplica y casación
CAPITULO IX. Del proceso de revisión
CAPITULO X. Del embargo y otras medidas cautelares
CAPITULO XI. Del embargo de buques
CAPITULO XII. De la ejecución de laudos arbitrales
CAPITULO XIII. De la declaración de nulidad de laudo arbitral
CAPITULO XIV. De la sentencia en proceso medioambiental
DISPOSICION TRANSITORIA
DISPOSICIONES FINALES

PROLOGO

La vigente Ley No. 7, dictada por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, el 19 de agosto de 1977 y publicada en la Gaceta Oficial el 20 del propio mes, y denominada Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, tiene sus antecedentes más cercanos en al Ley No. 1261, de 4 de enero de 1974, denominada Ley de Procedimiento Civil y Administrativo, la que vino a derogar la Ley de Enjuiciamiento Civil, vigente desde el 1ro. de enero de 1886, una vez terminado por la Comisión General de la Codificación del Ministerio de Ultramar de España, el estudio de las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la Península, para su aplicación en las Islas de Cuba y Puerto Rico.

Prácticamente, desde tiempo inmemorial, antes de promulgarse la Recopilación de Indias, la legislación colonial española, pudo tener participación en la vida jurídica de las colonias de Ultramar, aplicando con carácter supletorio las leyes de Castilla, participando las colonias con los derechos civiles y análogos procedimientos a los aplicados en la Metrópoli; el 30 de enero de 1885 se promulgó la Real Cédula que hizo extensiva a los Tribunales de Ultramar la organización dada en España al Ministerio Fiscal, que entre otras cuestiones permitió la asimilación rápida y eficaz, para que diez años mas tarde se pusiera en vigor en ambas Islas la Ley de Enjuiciamiento Civil española promulgada en 1855.

Al cesar la colonización española en Cuba e iniciarse la intervención norteamericana, se mantiene la vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre otras, ratificándose posteriormente por las Constituciones de 1901 y 1940 y las Leyes Constitucionales de 1934 y 1935.

Al triunfo de la Revolución, el 1ro. de enero de 1959, a pesar de la profusión de normas legales dictadas, necesarias para atemperar la vida social, económica y política a la nueva realidad, se mantuvo la vigencia, de las normas procesales contenidas en dicha Ley, aunque con el devenir de los años existieron modificaciones a la misma que motivaron, ya en 1974, la necesidad de una nueva legislación procesal que resultara, en tanto armónica, mas ágil y eficaz a la situación real de nuestra sociedad, promulgándose la Ley No. 1261 de 1974.

La promulgación de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo constituyó, sin lugar a dudas, un positivo avance en el ordenamiento jurídico del país, al reducir el articulado de la ley precedente y produjo una sustancial simplificación del proceso civil, sin que por ello perdiera en calidad y eficacia; mas bien acentuó tales aspectos positivos.

Su vigencia en el tiempo resultó efímera, pues al producirse la nueva división política administrativa del país, en 1977, y disponerse la reorganización del Sistema Judicial, resultaba imprescindible el reordenamiento jurídico procesal, siendo así que en uno de los primeros actos legislativos de la Asamblea Nacional, fue acordada la expresada Ley No. 7 de aquél año, y actualmente en vigor.

En términos generales esta nueva disposición legal no tuvo sustanciales modificaciones con relación a su antecesora, si bien se le adicionó un procedimiento hasta entonces no conocido en la vía judicial: el procedimiento laboral.

En cuanto a esta última normación procedimental, lo más significativo que pudiera señalarse está dado en las Disposiciones de los Decretos Leyes Nos. 121, de 19 de julio de 1990 y 132 de 9 de abril de 1992, el primero referido a una experiencia que se puso en práctica, sólo en una de las provincias del país - la de Villa Clara - y el segundo dirigido a extender, por determinado período, al resto del país y también a modo de comprobación experimental, la primera aplicada, dados los resultados obtenidos con su realización.

Puede afirmarse, que tales experiencias en cuanto a las regulaciones procedimentales de la materia laboral, en período breve se convertirán en la nueva legislación de enjuiciamiento sobre tal materia.

La inclusión de estas normas procesales estuvo determinada por pasar a la competencia de los Tribunales Populares el conocimiento de los conflictos que se suscitaran en los centros laborales entre los trabajadores y las administraciones, por aplicación a aquéllos, de medidas del orden disciplinario, o por afectaciones de sus derechos laborales o de contenido económico.

De igual forma la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral resultó modificada por la Ley No. 50 de las Notarías Estatales, publicada en la Gaceta Ofi­cial, edición ordinaria No. 3 de 1ro. de marzo de 1985 y por la cual se le atribuye al Notario el conocimiento de los expedientes de administración de bienes de ausentes, de consignación y de información para perpetua memoria y el proceso sucesorio de declaratoria de herederos cuando en ésta no existiera contradicción entre los beneficiarios, no se causara perjuicio a otras personas o  no existiera dictamen del Fiscal en contra, en cuyo caso se mantendría el conocimiento en la vía judicial.

La entrada en vigor del Decreto Ley No. 154, publicado en la Gaceta Oficial edición ordinaria No.13, de 19 de septiembre de 1994, denominado "Divorcio Notarial" vino a sustraer del procedimiento judicial el Divorcio por Mutuo Acuerdo, transfiriéndose también al notario su conocimiento.

Sin lugar a dudas todas estas modificaciones introducidas, su volumen y en ocasiones dispersión, unido a la elevada cantidad de disposiciones emitidas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en virtud de las atribuciones que le vienen conferidas por el artículo 20-1 de la Ley No. 70 de los Tribunales Populares, han motivado a los autores a recopilar, anotar y concordar la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, con el objetivo de poder unificar, en un sólo texto todo ello, con lo cual, todos aquellos que diariamente trabajan con la misma, pueden tener un instrumento de conocimiento, consulta y referencia.

En la confección de esta obra los autores consideraron necesario estructurarla de la siguiente forma:

Articulado: Constituido por los artículos de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, con la redacción vigente en los casos donde han existido modificaciones.

Legislación: Se hace referencia a todas las disposiciones de carácter legal emitidas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Ministros o por Organismos o Entidades de la Administración Central del Estado.

En cada caso se hace referencia a la Gaceta Oficial en que han sido publicadas, así como se han plasmado aquellos artículos que tengan mutua referencia con el articulado.

Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular: Contiene los Acuerdos, Dictámenes e Instrucciones de ese Consejo, dictados en uso de sus atribuciones y que resultan ser de obligatorio cumplimiento para el resto de los órganos jurisdiccionales del país; asimismo, aún cuando no tienen el concepto y magnitud de esas disposiciones, se han incluido en este epígrafe aquellas Circulares del Presidente del Tribunal Supremo Popular que resultan de interés.

Debe destacarse el esfuerzo realizado por los autores, y el hecho de que no todas las disposiciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular han sido publicadas por el Boletín Oficial de ese Organismo, por lo cual en aquellos casos donde si han resultado publicados, sólo se hace breve referencia al contenido de la disposición, señalándose al final de ella el año y número del Boletín en que fue publicada y su página; en los casos donde no consta publicación se ha tratado de detallar la disposición en cuestión.

Todo ello constituye un meritorio y logrado propósito, de ofrecer un trabajo completo, que permita disponer de una obra confiable de consulta diaria.

Dr. José R. Amaro Salup
Presidente del Tribunal Supremo Popular
30 de abril de 1996